En las últimas semanas hemos visto el innecesario y desgastante debate entre la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga  -CDMB- y el Área Metropolitana de Bucaramanga –AMB- sobre la definición legal de cuál de las dos entidades es realmente la autoridad ambiental de nuestra zona metropolitana, debate que se centra en la interpretación de “un artículo” relacionado con la aplicación de las cifras demográficas del censo del DANE del año 2005 o las cifras reales proyectadas por la misma entidad estatal.

Igual que a la mayoría de leyes y normas de Colombia redactadas  de manera ambigua, para que tengan por parte de cada profesional del Derecho diferentes interpretaciones, las dos instituciones andan hace meses en esta absurda discusión que afecta a todos los ciudadanos al no tener claridad sobre a quién acudir para las definiciones ambientales metropolitanas.

Abogados especialistas en temas administrativos mantienen criterios encontrados y defienden las tesis de acuerdo con quien los consulta, si es  la CDMB o el Área Metropolitana, hecho que genera una grave inseguridad jurídica,  que ha llevado a la insensata solución, que para los cuatro alcaldes ha sido considerada “salomónica”, de entregarle el 50% de la sobretasa a cada  entidad.

A la zona metropolitana de Bucaramanga y para los cerca de millón cien mil habitantes que nos perjudicamos gravemente con esta incertidumbre, por la indefinición legal del tema, creemos que más allá de lo jurídico debería estar la conveniencia de los ciudadanos. En este campo no tenemos la menor duda que debe ser el Área Metropolitana la entidad que defina estos criterios, para que este conglomerado físico homogéneo que hoy cuenta con cuatro alcaldes, cuatro concejos y cuatro costosos administraciones, tenga un criterio global de metrópoli, donde también deben  incorporarse  los municipios de Lebrija y Rionegro que ya forman parte integral de la conurbación de  nuestra capital de Santander.

Bucaramanga y su área metropolitana requieren de una planificación en conjunto, de criterios unificados en los temas fundamentales y es exactamente en el aspecto  ambiental y de la sostenibilidad donde la planeación articulada  será la que permita a la ciudad orientarse hacia una coordinada  y eficiente organización.

Hasta donde podemos entender esta discusión es irrelevante, pues la autoridad ambiental debe ser el Área Metropolitana que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, es el organismo indicado para un manejo integral, en el cual el beneficio metropolitano prime sobre el interés particular.