ALZA EN EL IMPUESTO PREDIAL Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

COMUNICADO DE PRENSA: ALZA EN EL IMPUESTO PREDIAL Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL: “FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA”

Mediante la resolución 052 del 19 de diciembre del año 2018 se acogieron los avalúos resultantes de la actualización de la formación catastral que se venía adelantando, sin que se hubiere motivado si quiera de forma sumaria la participación ciudadana, ni mucho menos la de los gremios que representan los verdaderos intereses de la comunidad en general. Dentro de la resolución en comento, se fijó la vigencia fiscal y se ordenó la inscripción de la actualización respectiva, con lo cual se agotó el procedimiento establecido en la ley.

Sin embargo, la sorpresa que recibieron los Bumangueses en este recién comenzado 2019, fue que por concepto de impuesto predial debían desembolsar una suma, que en algunos casos duplica aquella que cancelaron durante la vigencia inmediatamente anterior. El alza en el valor final que deben cancelar los contribuyentes, desconoce la realidad económica de la ciudad y del país, más aun, cuando apenas comienza la recuperación de lo que fue un año bastante complejo para la economía.

Durante el año 2018, se intentaron hacer diferentes acercamientos desde el gremio hacía las autoridades municipales, sin que nuestro llamado fuera escuchado, pues al parecer no existía voluntad política para evaluar el impacto que tendría no solamente en el bolsillo de quienes son actualmente propietarios, sino además, la gravísima afectación económica que representa esta situación, para el sector inmobiliario y de la construcción, desincentivando un sector de la economía que promueve constantemente la generación de empleos y el crecimiento de nuestra ciudad.

Si bien es cierto, que, al efectuar un análisis somero, encontramos que la actualización catastral y su consecuente incidencia en el valor del predial, cumple con la gran mayoría de preceptos legales aplicables para el efecto, los cuales reposan en normas que van desde el Estatuto Tributario Municipal hasta leyes de la República, surgen una serie de inquietudes, cuya respuesta esperamos obtener por parte de la autoridad municipal, pues su deber, más allá que ser una entidad de simple recaudo, consiste en estimar la realidad socio-económica de los ciudadanos y conforme ello, determinar las afectaciones, o en su defecto los mecanismos que permitan mitigar el impacto de ciertas decisiones.

Nuestra pretensión no es que se desconozca la norma, pues somos conocedores de la obligación que ostentan los municipios frente a las actualizaciones catastrales; sin embargo, aquello que no compartimos es el hecho de haber optado por acoger un porcentaje más elevado del avalúo comercial que es la base para el cálculo del impuesto predial, cuando la norma establece un campo de movilidad que comienza en el 60% del avalúo realizado. Si bien es cierto que, en Bucaramanga, la tarifa aplicada es la más baja en el Área Metropolitana, ello no compensa los exorbitantes precios que les fueron asignados a la gran mayoría de predios.

Todo aquello que afecte a la comunidad en general, como lo es sin duda un incremento como aquel al que se ven enfrentadas familias de la capital Santandereana, debe ser considerado con mesura y extrema prudencia, puesto que si era inevitable el incremento, bien podría la autoridad municipal haber acudido a expertos de la zona para elaborar los avalúos con mayor y mejor conocimiento sobre las características y precio de los inmuebles, o en su defecto, brindar como lo hacen algunas otras municipalidades, oportunidades de pago a lo largo del año, y no, supeditar el descuento a la cancelación del recibo antes del 31 de enero, cuando es claro, que muchos contribuyentes no se encuentran conformes con el avalúo asignado al predio de su propiedad.

El aspecto jurídico que enmarca esta situación, permite indagar sobre si era necesaria o no la notificación personal de cada avalúo, ello con miras a haber garantizado el debido proceso, y en su momento haber tramitado la oposición u objeción del mismo; o si el incremento en el avalúo corresponde o no a una realidad económica y objetiva, pero lo cierto es que en este momento los caminos y las opciones no son muchas, pues el campo tributario cuando no considera las condiciones de los contribuyentes en su planeación, termina afectando  como es el caso, a propietarios, inversionistas, sectores de la economía, y a la comunidad en general.

Sin embargo, es importante recordar que la Resolución 070 de 2011 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, reglamenta en sus artículos 133 y subsiguientes el procedimiento que debe adelantarse para solicitar la revisión del avalúo catastral que se encuentra vigente conforme la actualización realizada; pues frente a los topes porcentuales establecidos en las normas, los mismos contemplan como excepción el caso frente al cual nos encontramos. El procedimiento debe hacerse de forma individual y directamente a través del propietario del inmueble o su apoderado, aportando las pruebas y argumentos que permitan evidenciar el yerro contenido el avalúo que se encuentra vigente. Lo único, es que este es un procedimiento largo donde el IGAC anuncia que se cada caso se analizará durante el primer semestre, cuando el pago con descuento vence el próximo 31 de enero de 2019.

Lamentamos sobremanera, que el manejo de la actualización catastral solicitada por la autoridad municipal, no hubiese tenido en cuenta los factores que hemos relacionado a lo largo del presente escrito, pues ello conllevará a un reproceso que seguro acarreará mayores costos, los cuales, en última instancia, siempre son asumidos de forma directa o indirecta por los contribuyentes.

Cordialmente,

JULIO CÉSAR ARDILA

Director Ejecutivo.